Desde el 10 de diciembre de 2015 me desempeñé como Subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Defensa. A inicios de 2016, llegó a mi despacho un sobre precintado. Se trataba de una copia de un decreto identificado como «S” (secreto), que procedía de Legal y Técnica de Presidencia, con una providencia que solicitaba al ministro del área su intervención, a fin de dictaminar sobre su eventual desclasificación. Lo leí, y quedé paralizado. Pasaron varios días y consultas, para que realmente tomáramos dimensión del texto en cuestión: se trataba de un decreto fechado en abril del 74, que llevaba la firma del mismísimo Perón y que había permanecido clasificado hasta entonces por decisión de los distintos gobiernos democráticos posteriores a la dictadura concluida en el 83.
El ministro de Defensa, Julio Martínez inició el proceso administrativo para avanzar con la desclasificación del documento y después de varios meses y pases administrativos, finalmente, Presidencia concluyó el trámite y este salió a la luz. Se trata del Decreto “S” N° 1302 del 74. Y no es un dato menor, decir que la decisión política de su desclasificación estuvo impulsada por la firme (y no por ello estridente) convicción del Gobierno de Cambiemos de continuar con la búsqueda de Verdad y Justicia sobre lo ocurrido durante la oscura década del ´70 en nuestro país. En ese mismo sentido se inscribió, por ejemplo, el apoyo que dio la Cancillería al pedido de organismos de DDHH al entonces presidente Obama, para que EEUU desclasificara todo documento relativo al periodo dictatorial, a lo cual Obama accedió.
Creo imprescindible leer detenidamente el decreto desclasificado para que no quepa ninguna duda que, en abril de 1974 siendo aún Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón firmó de puño y letra una orden inequívoca de constituir un equipo interministerial (incluidas las FFAA), abocado a diseñar un Plan Estatal Integral (denominado «Conflicto Grave – TOPO»), para “eliminar las acciones subversivas violentas y NO VIOLENTAS…»
En abril del 75, un año después, ya fallecido Perón y estando a cargo de la Presidencia su viuda María Estela Martínez de Perón, ella firmaría el Decreto Secreto N° 993/75 (también desclasificado) para “Poner en vigor” (ejecutar), “la Directiva Preliminar de Planeamiento” surgida del decreto precedente de Perón.
Si bien es cierto que desde el 70 ya venía escalando la violencia política de mano de organizaciones de la izquierda revolucionaria, de la izquierda peronista y de la derecha peronista, en 1973 ocurre un punto de inflexión, a partir del asesinato de Rucci por parte de Montoneros y la consecuente irrupción de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). De características parapoliciales, la Triple A sale a la “caza” de militantes de izquierda, sembrando muerte y terror, con la clara intención de “sacar de encima del peronismo al entrismo de la heterodoxia marxista”. Sin embargo, aún reconociendo que la Triple A contaba con velado apoyo, financiamiento y fuertes lazos con el gobierno (en particular a través del poderoso Ministro José López Rega), el decreto desclasificado configura un antecedente inobjetable de planificación estatal dirigida a la eliminación, el control y la desarticulación de sectores de la sociedad civil, excediendo los límites que impone un estado de derecho. Y si alguien dudara de esa intención, me pregunto, ¿cómo se proponían “eliminar” las acciones subversivas “no violentas”? ¿Cuál era el sentido de involucrar en el planeamiento y ejecución al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Central de Inteligencia y el Ministerio de Defensa? En resumen: ¿cuán lejos estuvo el decreto presidencial de constituir un claro antecedente de lo que a partir del 76 se concretaría como terrorismo de Estado?
Poco después, en marzo de 76, en medio de una crisis económica profunda, las cúpulas militares, participes del plan presidencial antes mencionado, derrocan a la viuda de Perón, arguyendo “desgobierno” e incapacidad para controlar la “infiltración y subversión marxista”, a pesar de que las organizaciones armadas subversivas ya aparecían prácticamente derrotadas militarmente. El golpe militar supone el franco inicio de un terrorismo de Estado abierto, que llevará a cabo secuestros, torturas y persecuciones, asesinatos y censura. Un Estado que avanzó justamente ejecutando un plan de eliminación, desarticulación y prohibición de toda forma de participación política, social y cultural.
No es mi voluntad analizar aquí las circunstancias previas al Golpe de Estado en detalle, aunque no ignoro que la violencia política era moneda corriente ya desde inicio de los ´70. Sí, considero necesario recalcar que resulta inadmisible equiparar el terror Estatal, con el producido por grupos, facciones o bandas armadas, puesto que jamás el propio Estado, por grave que sean los actos de dichos grupos, puede planificar o actuar para su represión, apartándose de la ley y del estado de derecho.
Finalmente, quiero expresar el motivo principal que me impulsa a reflexionar sobre esta trascendente revelación histórica no tan reciente, que poca o nula trascendencia que ha tenido en ámbitos académicos, históricos y periodísticos: se trata de la indignación al observar una nueva conmemoración del Golpe del 24 de marzo de carácter sectario y faccioso. Indignación al escuchar que levantan su dedo acusador sectores políticos que nunca hicieron una autocrítica (salvo contadas excepciones) por haber empuñado las armas, secuestrado y asesinado, en nombre de una supuesta revolución socialista, o en su contra; sectores que convivieron cómodamente con la dictadura en sus provincias (como el matrimonio Kirchner); sectores que propusieron desde la plataforma presidencial del candidato peronista Lúder, en 1983, respetar la Autoamnistía de los dictadores. Sectores que negaron su colaboración con la CONADEP de Raúl Alfonsín; que ningunearon (y hoy ocultan), el histórico Juicio y condena a las Juntas Militares y a jerarcas terroristas; que callaron cuando el Presidente Menem indultó a los condenados en esos juicios; sectores que se borraron durante veinte años de cada acto, homenaje o recuerdo por los desaparecidos y “recuperaron la memoria” en 2003, autoproclamándose excluyentes representantes de la lucha por el Nunca Más. Son los mismos que ocultan en las currículas de muchos institutos de formación docente la valiente política de Derechos Humanos impulsada por Alfonsín (a pesar de los alzamientos militares que soportó), e inventan historias de un tal Néstor como el gran y único reparador de los DDHH; son los mismos que este 24 de marzo coparon el centro porteño con centenares de colectivos alquilados y decenas de miles de “militantes” comprometidos al calor de las exiguas arcas estatales, usando esta fecha trágica para mostrar “músculo” y teatralizada disidencia ante su propio Presidente, al que quieren responsabilizar del estrepitoso fracaso de su propio gobierno…
Siguen cabalgando sobre una repulsiva tergiversación de la historia, que construye en niños y jóvenes una memoria “desmemoriada”, falsa y sesgada, para alimentar un relato donde su líder no fue lo que fue, donde ellos son lo que nunca fueron y donde los opositores o disidentes de sus ideas, por el simple hecho de serlo, o de vivir en un distrito que les es adverso electoralmente, son infamemente tildados de cómplices de la dictadura, neoliberales y cuanta calumnia les plazca inventar.
Ex Subsecretario de Coordinación – Ministerio de Defensa
