Después de unos años en que había descendido el deseo de ser funcionario, sobre todo tras las restricciones salariales que sufrió el empleo público durante la salida de la crisis financiera de 2008, el interés por opositar ha vuelto con fuerza. La mitad de los españoles entre 18 y 55 años se plantea presentarse a una oposición. Las ganas de entrar a trabajar en el Estado corren parejas con el incremento de la Oferta de Empleo Público (OEP) que ha visto un aumento récord del 15,8 por ciento en el número de plazas en 2023.
Pero donde se detecta un mayor interés por hacerse funcionario es entre los jóvenes. Casi un tercio de los jóvenes ya han opositado y un 22 por ciento están pensando hacerlo. La lacra del paro juvenil es una de las razones de este fenómeno. Según Eurostat, en junio de este año había 464.000 menores de 25 años en España que deseaban trabajar y no encontraban dónde hacerlo. Con un 27,4 por ciento, la tasa de paro juvenil de nuestro país es la más alta entre los Veintisiete de la Unión Europea, por delante del 23,6 por ciento de Grecia. Otro de los motivos es el empleo precario, jornadas laborales con horarios largos y sueldos muy ajustados que empujan a los nuevos entrantes en el mercado laboral a buscar opciones de empleo más estables.
La mayor demanda de empleo público se concentra en los estamentos de la Administración que exigen una menor preparación y en los cuerpos generales, cuyas plazas permiten trabajar en cualquier departamento. Siendo manifiesto el aumento de interés, las instancias se han incrementado sobremanera en los subgrupos de menor categoría, donde los temarios son más acotados, pero también en aquellos donde el proceso de selección se ha suavizado. En cambio, el incremento menor está en los cuerpos superiores de la Administración. El Gobierno ha decidido rebajar la exigencia para los llamados cuerpos de élite (inspectores de Hacienda, técnicos comerciales, abogados del Estado, interventores, etecétera), pero esto ha provocado una reacción contraria de las organizaciones de estos profesionales que están recurriendo las convocatorias e, incluso, negándose a integrar los tribunales.
La mitad del funcionariado español tiene más de 50 años. El envejecimiento de la plantilla es lo que permitió un fuerte ajuste del empleo público ya que el gobierno de Mariano Rajoy redujo la tasa de reposición a mínimos históricos. Lo que no resulta transparente son los criterios que el actual Gobierno está utilizando para dotar las plantillas, generando cuellos de botella como los de la Seguridad Social, pero siendo muy generosos con otros puestos. Y sigue pendiente de resolución el gran misterio al que nadie contesta: ¿por qué la digitalización no ha impulsado la productividad en el sector público como sí ha sucedido en otros sectores?
Que exista vocación por el servicio público es un activo para un país, pero que éste sea visto como la única forma de asegurarse una existencia digna habla muy mal de cómo están configurados los incentivos en nuestra sociedad y de que algo funciona mal a la hora de encauzar las energías creativas y la toma de riesgos por parte de los jóvenes. España tiene un déficit de emprendimiento privado porque nuestro país no simplifica la creación de empresas y la regulación se convierte en una losa que disuade al más valiente.
