EH Bildu no ha hecho nada nuevo al incluir en sus listas a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos por delitos de sangre. Este es un partido inserto en el plan político de ETA, controlado por personas vinculadas a ETA y comprometidas con los objetivos políticos de ETA. Precisamente, el único mérito de esos 44 candidatos para presentarse en las próximas elecciones municipales es haber sido terroristas de ETA. Es su tarjeta de fidelidad a lo que EH Bildu representa y significa en la vida pública vasca y navarra y, por extensión, en la española. No hay motivo de sorpresa, por tanto, en esta decisión del partido que dirige Arnaldo Otegi, también condenado por su actividad terrorista. Recuérdese que uno de los líderes más conspicuos de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, fue diputado en la Asamblea de Vitoria y miembro de su Comisión de Derechos Humanos.
En realidad, el paso dado por EH Bildu es coherente con la evolución de los acontecimientos que se inició con Los acuerdos políticos del Gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA y han culminado en la legitimación de la izquierda pro-ETAR de la mano personal de Pedro Sánchez. Entre medias, en 2011, la mayoría progresista, por supuesto, del Tribunal Constitucional revocó -con una mayoría de seis a cinco- la prohibición de EH Bildu decidida por el Tribunal Supremo. Cada uno ha cumplido su papel en una historia cuyo designio era el reagrupamiento de la izquierda de todas las franjas en torno al PSOE. Por eso, los dirigentes socialistas que, tarde, mal y con la boca pequeña, urgidos por la necesidad electoral y sin ninguna virtud ética, han lamentado la presencia de etarras condenados en las listas de EH Bildu, no han hecho lo único que sería admisible en democrático y ético: repudiar públicamente el apoyo y votos de los de Otegi y romper con este partido donde mantienen acuerdos políticos. Si realmente, como dijo Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación, estas listas “reabren injusta e innecesariamente el dolor de las víctimas”, ¿a qué esperan los socialistas para romper con EH Bildu? ¿O es que el dolor de las víctimas de ETA vale menos que el de los demás? Ese dolor es el que recoge hoy ABC en un reportaje con familiares de los asesinados por la banda terrorista, conmocionados por esta nueva humillación.
Lo cierto es que EH Bildu ha hecho saltar por los aires la campaña de Pedro Sánchez, cuya máxima aportación a este debate ha sido una más de sus frases vacías -“no todo lo legal es decente”- que, puesta en boca de un político con crédito, habría dado esperanza de que no estará de acuerdo con los que son indecentes. Pero en boca de Sánchez -que prometió no pactar nunca con Bildu- no vale nada, porque ha sostenido su mandato gracias a pactos indecentes. Hoy aquellas fotografías de los dirigentes de EH Bildu entronizados por el PSOE a cuenta de la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda o los presupuestos a cambio de presos, como confesó jactanciosamente Arnaldo Otegi, renuevan toda su repelencia. Si EH Bildu incluye a 44 terroristas en sus candidaturas es porque sabe que el Gobierno y el PSOE lo van a tolerar y digerir, como vienen haciendo desde que Zapatero prometió, según sus últimas palabras, integrar a los terroristas en el instituciones a cambio de que abandonen la violencia. No prometió justicia, ni ley, ni cárcel, ni una ‘desnazificación’, sino instituciones. Y esto es a lo que se ha adherido su mejor discípulo.
Desde la izquierda piden respeto a EH Bildu en la elaboración de sus listas; otros recuerdan que los terroristas han saldado sus deudas. En definitiva, la izquierda propone para ETA lo que en otros lugares se propuso para golpistas asesinos: una ley de punto final, una ley del olvido. Pero si hay una norma que describe bien lo que está pasando es la de Partidos Políticos, de 2002, aprobada por consenso del Partido Popular y el PSOE; ley que aún no ha dicho la última palabra sobre EH Bildu. La lectura de su contenido, avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, daría buenas razones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, con independencia de lo que se decida en la Audiencia Nacional, para al menos valorar si la importante presencia de tantos condenados por terrorismo –que no se han disculpado públicamente ni rechazado la violencia– no es un claro indicio de violación de los valores democráticos. Indicaciones que hay que interpretar, como dice la ley, en el contexto de la clarísima continuidad de EH Bildu al servicio de ETA.